Cuatro años después, Colombia hace cuentas. Y las cuentas no cuadran.
El llamado «gobierno del cambio» termina su ciclo dejando un país que cambió, sí, pero no exactamente en la dirección prometida. El próximo 7 de agosto, Abelardo De la Espriella —abogado, empresario y outsider político— asumirá la presidencia en sucesión de Gustavo Petro, tras una segunda vuelta que fue la más apretada desde que existe esa figura electoral en Colombia. La diferencia fue de apenas 0,95 puntos porcentuales: 250.830 votos sobre un universo de más de 26 millones de sufragios.
Eso no es una mayoría cómoda. Es una señal: el país está partido, desconfiado y agotado. Y tiene razones de sobra.
Seguridad: los números que el gobierno prefería no leer en voz alta
La «paz total» fue la promesa bandera. El resultado, medido con cifras del propio Estado, es otro cuento.
Según el Ministerio de Defensa, entre enero y octubre de 2025 los homicidios intencionales pasaron de 10.952 casos en 2024 a 11.327, un incremento del 3,4%. La Fundación Ideas para la Paz advirtió que «la vida sigue perdiendo la batalla».
El secuestro registró su mayor salto desde 2007: pasó de 242 víctimas en los primeros diez meses de 2024 a 527 en el mismo período de 2025, un aumento del 117,8%. Los asesinatos de miembros de la Fuerza Pública prácticamente se duplicaron, pasando de 77 a 153 en el mismo lapso.
Y el dato que más duele: el 92% de los homicidios en Colombia permanece impune. En Bogotá, entre enero y mayo de 2025, hubo 156 casos de sicariato y apenas 16 capturas, una impunidad cercana al 90%.
La impunidad no es un accidente del sistema. Es su estado natural cuando el discurso político romantiza a quienes delinquen, negocia con quien amenaza y le llama «proceso de paz» a lo que la gente del común llama rendirse.
La burocracia: el «cambio» más costoso de la historia reciente
Petro llegó prometiendo acabar con las nóminas paralelas. Lo que construyó fue la nómina paralela más grande de la historia reciente del Estado.
Según datos del SECOP analizados por El Tiempo, desde agosto de 2022 hasta abril de 2025 los contratos de prestación de servicios en el gobierno aumentaron un 75,4%. El valor de estos contratos pasó de $12,1 billones en 2022 a $19,3 billones en 2025: $7,2 billones adicionales en apenas tres años, y el número de personas vinculadas bajo esta modalidad creció de 11.851 a 18.685.
Para ponerlo en contexto: esos $7,2 billones equivalen a casi la mitad de lo que el Gobierno buscaba recaudar con su última reforma tributaria, todo esto en medio de un déficit fiscal que algunos analistas identifican como el más alto en la historia reciente del país.
El ritmo de crecimiento burocrático también fue histórico: entre 2016 y 2022 el aumento anual del empleo público fue del 0,02%; entre 2023 y 2024 fue del 3%, diez veces más.
Traducido al español de todos los días: mientras usted trabajaba para que el sueldo alcanzara, el Estado contrataba amigos, afines e ideólogos a un ritmo que ningún gobierno anterior había logrado igualar.
La corrupción: cuando el «gobierno del cambio» terminó copiando el manual
El caso más emblemático fue el de la UNGRD. Lo que empezó como la compra de 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira —por $47.000 millones— terminó destapando un presunto esquema de corrupción que involucró a los presidentes del Senado y la Cámara, a ministros del gabinete y a funcionarios de la Casa de Nariño.
Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, exministros de Hacienda e Interior respectivamente, fueron enviados a prisión preventiva: la primera vez en la historia de Colombia que dos ministros de un mismo gabinete son encarcelados por el mismo caso de corrupción.
El resultado en la percepción ciudadana es demoledor: el 83% de los colombianos considera que la corrupción empeoró durante el gobierno Petro, según encuesta Invamer de 2025, un aumento de 23 puntos frente a 2022. En el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, Colombia cayó a 37 puntos sobre 100 en 2025, retrocediendo al nivel más bajo de la última década, ubicándose en el puesto 99 entre 182 países evaluados.
Moraleja: cambiar el discurso no cambia las mañas.
Las ideas que se le venden a los jóvenes como futuro
Hay algo más sutil, pero igualmente preocupante. En colegios y universidades, una corriente de pensamiento que romantiza el Estado como solución a todo —y ve en el mercado, el emprendimiento y el éxito individual algo moralmente sospechoso— ha ganado espacio bajo el amparo ideológico de este gobierno.
Un país que le enseña a sus jóvenes a odiar la prosperidad ajena antes de construir la propia no está formando pensamiento crítico: está produciendo resentimiento con título universitario. El problema no es la discusión política —esa es sana y necesaria—; el problema es cuando esa discusión reemplaza la formación en competencias, ciudadanía y responsabilidad personal.
El futuro de Colombia no lo construye quien mejor sabe quién tiene la culpa. Lo construye quien sabe hacer cosas, resolver problemas y agregar valor.
Lo que viene: una oportunidad real, no un cheque en blanco
De la Espriella llega al poder con un discurso centrado en seguridad, reducción del tamaño del Estado y estímulos a la inversión privada. Es una agenda que muchos colombianos respaldaron. Pero 250.000 votos de diferencia no son un mandato absoluto: son una invitación a gobernar para todos, incluyendo a quienes votaron diferente.
Lo que Colombia necesita no es otro mesías. Necesita instituciones que funcionen, jueces independientes, una fuerza pública que pueda actuar sin que la llamen fascista, y una ciudadanía que entienda que la ley no es un obstáculo sino la única garantía de igualdad real.
Necesita también algo que ningún gobierno puede decretar: que dejemos de darle trato especial a quien delinque. Que no haya criminalidad romantizada ni pobreza glorificada. Que el trabajo honesto, el emprendimiento y el cumplimiento de las reglas sean valorados —y no ridiculizados— como instrumentos de movilidad social.
Colombia tiene todo para ser un país grande.
Tiene territorio, biodiversidad, talento y una energía popular envidiable. Le falta algo más simple y más difícil al mismo tiempo: decidir que las reglas aplican para todos por igual, sin tratos especiales, sin excepciones ideológicas, sin perdones anticipados.
Eso no es de derecha ni de izquierda. Es simplemente civilización.
En Ruhe Abogados llevamos más de 16 años representando a colombianos que buscan justicia dentro del sistema. Sabemos que el Estado de derecho no es perfecto. Pero también sabemos que es lo único que tenemos entre el orden y el caos. Por eso lo defendemos, caso a caso, todos los días.
